La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a cuatro individuos y 13 compañías vinculadas a fraudes de tiempo compartido liderados por el CJNG. La mayoría operan en Puerto Vallarta y su zona metropolitana, un enclave turístico que el gobierno de EE. UU. también describe como plaza estratégica del cártel. CJNG figura desde febrero como Organización Terrorista Extranjera en Estados Unidos, un marco que endurece la respuesta legal.
Sanciones a tiempos compartidos en Puerto Vallarta
Las medidas congelan activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de EE. UU. realizar operaciones con los designados. También se bloquea cualquier empresa con propiedad del 50 % o más a cargo de sancionados. En la lista aparecen tres operadores del CJNG ya señalados antes —Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro— y el vallartense Michael Ibarra Díaz Jr., a quien se atribuye una red de 13 compañías con giros turísticos, inmobiliarios y de viajes.
El Tesoro describe un ecosistema donde call centers se hacen pasar por corredores, abogados o firmas de viajes en EE. UU. para tentar con compras, rentas o “salidas” de contratos. La narrativa es creíble porque nace de datos obtenidos por insiders en resorts. El patrón se repite: comisiones y “impuestos” por adelantado, transferencias a bancos mexicanos y, después, nuevas exigencias para “liberar” supuestos pagos. Incluso hay re-victimización con falsos despachos o supuestos funcionarios.
Cómo impacta al mercado local
El riesgo para operaciones legítimas es tangible. Un pago que toque a un designado puede exponer a agentes, notarios, administradores de escrow y comercializadoras que trabajen con clientes estadounidenses. OFAC aplica bajo responsabilidad objetiva: el desconocimiento no exime. En la práctica, los actores del sector tendrán que reforzar KYC y screening en listas SDN, verificar beneficiarios finales y documentar mejor la procedencia de fondos.
La medida llega a una región donde conviven ventas primarias, reventas y servicios de “exit”. La conexión Vallarta–Riviera Nayarit hace que muchos tratos crucen fronteras estatales y bancos en ambos países. Para compradores y vendedores legítimos, el mensaje es claro: cautela con ofertas no solicitadas, cero pagos por adelantado a terceros no verificados y verificación independiente de identidades antes de mover dinero.
Quiénes fueron señalados y qué hay detrás
OFAC subraya que Montero, Rivera y Gudiño no solo mueven el fraude, sino que integran un grupo de “enforcement” del CJNG basado en Vallarta con capacidad letal. Ibarra, por su parte, aparece como empresario turístico con dos décadas en tiempos compartidos en la bahía y al norte, en Nayarit. Varias empresas de su red se presentan abiertamente como inmobiliarias o firmas de vacaciones, otras se camuflan como agencias de viaje o servicios contables.
Esta es la quinta acción de OFAC contra el renglón de fraude en tiempos compartidos del CJNG desde 2023. Las anteriores se registraron el 2 de marzo y el 27 de abril de 2023, el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024. El acumulado supera las 70 personas y entidades. El expediente público ya incluía a Montero, Rivera y Gudiño por narcotráfico; hoy se amplían cargos bajo E.O. 13224 y E.O. 14059.
Las cifras que explican la urgencia
Tras el aviso conjunto de FinCEN, OFAC y FBI de 2024, los bancos reportaron en seis meses más de 250 reportes de actividad sospechosa con 1,300 transacciones por 23.1 millones de dólares ligadas a estos esquemas. El FBI calcula 6,000 víctimas y casi 300 millones en pérdidas entre 2019 y 2023, y 50 millones más solo en 2024. Las autoridades creen que el subregistro es alto por la vergüenza de denunciar.
Qué esperar a partir de hoy
Para el mercado de Vallarta, habrá pausas en cierres, revisiones de contratos y exigencias de cumplimiento más estrictas. El Tesoro recuerda que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para designados arriesgan sanciones secundarias. También existe un proceso de exclusión de listas para quien cumpla criterios, pero mientras tanto, la línea es firme: evitar cualquier trato con personas o empresas designadas y reportar activos bloqueados.
