El seguimiento a la historia de ayer sobre el despliegue militar en Puerto Vallarta se concretó con una serie de allanamientos simultáneos contra una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación. En una operación masiva y coordinada, elementos de la Marina, la SecretarÃa de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea, inspeccionaron varias propiedades utilizadas como casas seguras. El golpe dejó decomisos de armas de fuego, granadas de fragmentación, drogas y la detención de 23 personas presuntamente vinculadas al cártel. Una de las viviendas cateadas estaba en la intersección de Santos Degollado y Pino Suárez, en la colonia Centro de Salud de la delegación Ixtapa, donde se registró un enfrentamiento.
Redadas en casas seguras del cartel en Puerto Vallarta
Durante la incursión en la casa segura de Ixtapa, los soldados fueron recibidos con disparos. Al repeler la agresión, lograron herir a varios de los atacantes. Los lesionados fueron trasladados bajo custodia al Hospital Regional de Vallarta, donde reciben atención médica mientras las autoridades judiciales determinan su situación legal. El caso fue turnado a la FiscalÃa General de la República, que en las próximas horas definirá cargos formales y si los detenidos permanecerán en resguardo federal.
El operativo fue parte de una escalada en la presión sobre estructuras criminales locales, tras el despliegue de fuerzas que se documentó el dÃa anterior, cuando se observó presencia intensa de aeronaves, vehÃculos blindados y retenes tácticos en puntos clave. Esa movilización inicial fue descrita por fuentes como un esfuerzo amplio para desmantelar redes de tráfico y células organizadas, y esta acción subsecuente se enfocó en infraestructuras precisas identificadas mediante inteligencia en curso.
Las autoridades incautaron un arsenal significativo. Entre los objetos asegurados habÃa armas de alto poder, granadas de fragmentación —lo que sugiere preparación para combates con tácticas militares— y diversas sustancias controladas, sin que hasta el momento se haya dado detalle sobre los tipos especÃficos o volúmenes. La presencia de este tipo de artefactos explosivos elevó la percepción de riesgo sobre la capacidad del grupo para escalar la violencia o defender sus rutas de distribución. Ese riesgo fue considerado en la planificación de los allanamientos, que buscaban minimizar la posibilidad de contraataques o destrucción de evidencia.
La coordinación entre las distintas ramas federales fue clave. Marina, sedena y Guardia Nacional actuaron de forma sincronizada, con apoyo aéreo para vigilancia y respuesta rápida. La simultaneidad de las incursiones buscaba bloquear cualquier intento de alerta entre los implicados o de reubicación de objetos ilÃcitos. La entrada paralela a múltiples casas seguras limitó rutas de escape y permitió asegurar pruebas antes de que pudieran ser eliminadas.
Vecinos de las zonas afectadas relataron una mezcla de alarma y resignación tras el tiroteo en Ixtapa. Testigos narraron que el ruido de los disparos rompió la calma matutina, seguido por la llegada de vehÃculos tácticos y equipos asegurando perÃmetros. Comercios cercanos cerraron temporalmente y se pidió a residentes resguardarse mientras se barrÃa y despejaba la zona. Hasta ahora no se han reportado vÃctimas civiles confirmadas públicamente.
Este despliegue federal ocurre en un contexto de creciente preocupación por la adaptabilidad del crimen organizado en ciudades costeras turÃsticas como Puerto Vallarta, donde la logÃstica del narcotráfico se mezcla con flujos de visitantes y poblaciones transitorias. Expertos en seguridad señalan que arrestar operativos y destruir casas seguras es solo una parte del combate; las redes suelen desplazarse, reclutar localmente y reconstituir liderazgos tras interrupciones. No obstante, funcionarios federales presentan esta acción como un golpe táctico importante, sobre todo por el decomiso de armamento que, de haber sido utilizado, podrÃa haber alimentado nuevos enfrentamientos o reforzado estructuras de distribución.
Las autoridades locales han mantenido una comunicación limitada, remitiendo el discurso público a los cuerpos federales responsables del operativo. Ese silencio ha alimentado rumores y especulaciones entre la población, profundizando la inquietud que ya se habÃa generado con la presencia visible de fuerzas en dÃas previos. Los pocos comunicados oficiales reconocen los arrestos y aseguramientos, pero evitan detallar las fuentes de inteligencia, la jerarquÃa de la célula desarticulada o si se esperan más acciones en los próximos dÃas.
La FiscalÃa General de la República enfrenta ahora el reto de procesar a los detenidos, establecer sus vÃnculos con la red mayor del Cartel Jalisco Nueva Generación y formalizar cargos con base en la evidencia recabada. Los lesionados, si su estado lo permite, podrÃan ser pieza clave para profundizar lÃneas de investigación y desmantelar redes relacionadas. También se debe resolver la coordinación jurisdiccional entre las distintas fuerzas federales intervinientes y cómo este caso se conecta con otras investigaciones en curso sobre tráfico de drogas y violencia en la región.
Por ahora, Puerto Vallarta permanece en una tensión contenida. La visibilidad de las fuerzas federales, el eco del despliegue de ayer y el enfrentamiento en una casa segura subrayan la frágil lÃnea entre el esfuerzo por recuperar control y la percepción ciudadana de seguridad. Las autoridades han señalado que habrá más información conforme avance el proceso judicial, pero residentes y comerciantes observan con cautela lo que siga, conscientes de que esto podrÃa marcar una nueva fase en el combate al crimen organizado en la ciudad.
