La Ciudad de México lanzó hoy, 16 de julio de 2025, el “Bando 1, para una ciudad habitable y asequible con identidad y raíces locales”. Este decreto reúne 14 acciones destinadas a frenar el incremento desmedido de rentas y proteger a las comunidades afectadas por la gentrificación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que este paquete marca el inicio de un proceso profundo y estructural para garantizar vivienda justa y defender el derecho a la ciudad.
Durante la presentación, Brugada enfatizó que la capital no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todas las personas. “Con Bando 1, Ciudad de México se coloca a la vanguardia en América Latina al aplicar medidas reales que estabilicen las rentas, aseguren vivienda adecuada y defiendan a inquilinos y arrendatarios”, afirmó la mandataria.
Medidas para combatir la gentrificación
El primer punto del decreto limita el aumento de rentas al porcentaje de inflación del año anterior, reforzando el Artículo 2448 del Código Civil. Para consolidar esta medida, el gobierno creará herramientas legales que obliguen a propietarios e inmobiliarias a respetar este tope.
Se establecerá un Índice de Precio de Renta Razonable en las Zonas de Estrés Inmobiliario, que permitirá monitorear y denunciar incrementos injustificados. El registro y la publicación de datos será responsabilidad de la nueva Oficina de la Defensora de Derechos de Inquilinos, un órgano autónomo que ofrecerá asesoría gratuita, mediará conflictos y aplicará sanciones en casos de desalojo ilegal o prácticas abusivas.
El proyecto de Ley de Renta Justa, Razonable y Asequible buscará formalizar el equilibrio entre derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios, regular las plataformas de hospedaje temporal y crear un ente fiscalizador con poder sancionatorio. Para su elaboración, se convocará a foros ciudadanos y consultas públicas en el Congreso local.
Además, se reforzará la política de vivienda social con prioridad en la construcción de inmuebles públicos en el centro histórico y en barrios con alta presión de mercado. Un convenio de facilitación administrativa reducirá trámites y tiempos de obra. El programa de vivienda pública en alquiler para sectores vulnerables se ampliará de manera permanente, garantizando acceso a quienes más lo necesitan.
El Bando incluye también la expansión del programa de mejora de vivienda, con énfasis en “vivienda progresiva nueva”, que incentiva la ampliación de unidades en vecindarios de clase trabajadora y fomenta la creación de condominios familiares.
En coordinación con el sector privado, el gobierno combatirá la especulación inmobiliaria en Zonas de Tensión a través de incentivos fiscales para desarrolladores que ofrezcan vivienda asequible. Se diseñará un Plan Maestro para definir acciones concretas dentro de los polígonos de alta presión, con estrategias de redistribución y regeneración urbana.
Paralelamente, el Programa de Raíces Comunitarias financiará proyectos de comercio local, protección de espacios públicos y salvaguarda de patrimonio histórico y cultural. Se otorgarán microcréditos y capital semilla a pequeñas empresas y oficios tradicionales, evitando el desarraigo de la economía de barrio.
Finalmente, se creará el Observatorio de Suelo y Vivienda, encargado de recopilar y analizar datos sobre contratos de renta, uso de suelo y precios a largo y corto plazo. Esta plataforma pública garantizará transparencia y permitirá reaccionar de manera oportuna ante prácticas especulativas.
El gobierno capitalino prevé implementar las primeras disposiciones y poner en marcha la Oficina de la Defensora de Inquilinos antes de marzo de 2026. Aunque reconocen retos en la supervisión y posibles resistencias del sector inmobiliario, confían en que la combinación de regulación y participación ciudadana logrará mantener la diversidad y el acceso a vivienda en la Ciudad de México.
