Una mujer en Cancún denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión tras ser víctima de un intento de extorsión por parte de dos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). El pasado 21 de junio, los policías investigativos Armando René y Mario Carlos acudieron a su domicilio asegurando que existían expedientes en su contra y, bajo amenaza de arresto, le exigieron 250,000 pesos para “eliminar” esos registros judiciales.
La presión se intensificó a través de mensajes de WhatsApp: Armando René incluso se presentó en el lugar de trabajo de la hija de la víctima, advirtiéndole que perdería su empleo si no entregaban el dinero. Ante las intimidaciones en el hogar y el temor por la estabilidad laboral de su hija, la afectada presentó la denuncia correspondiente.
Tras recabar testimonios, evidencias físicas y los registros de las conversaciones por WhatsApp, la Fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión ante un juez de control. Los dos agentes fueron detenidos sin incidentes y puestos a disposición de la autoridad judicial.
Con las detenciones de Armando René y Mario Carlos, la investigación dio un giro hacia su superior, Pedro León Toro Peña, titular de la unidad de investigación de la FGE. Se le relaciona con un presunto esquema de extorsión similar contra empresarios, constructores, comerciantes y propietarios de bares y restaurantes. Durante la presente administración, Toro Peña también fue señalado —aunque sin pruebas concluyentes— de participar en eventos de alto costo, como una celebración privada donde supuestamente se contrató a un grupo musical por más de tres millones de pesos.
El gobernador Mara Lezama y el fiscal general Miguel Ángel Pech Cen calificaron estos arrestos como un claro mensaje: ningún servidor público está por encima de la ley. “Vamos a erradicar cualquier conducta criminal dentro de nuestras filas”, afirmó Pech Cen.
La Cámara de Comercio de Cancún, representada por su presidente Manuel García, aplaudió la acción rápida de la Fiscalía: “Estas detenciones restauran la confianza. Esperamos que la investigación siga hasta su última consecuencia”.
Los agentes enfrentan cargos por extorsión conforme al artículo 390 del Código Penal Federal, que contempla hasta 12 años de prisión y multas elevadas. En el juicio, los fiscales presentarán los mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigos y registros financieros como prueba.
En paralelo, la Fiscalía Especializada continúa el escrutinio de Pedro León Toro Peña. Revisan contratos, facturas de eventos y comunicaciones internas para determinar si operó una red de corrupción más amplia. Asimismo, invitan a cualquier persona con información sobre extorsiones cometidas por funcionarios públicos a denunciar ante las autoridades.
Este caso marca un avance en los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho en los destinos turísticos de Quintana Roo. Al develar y sancionar la corrupción, las autoridades buscan proteger tanto a residentes como a visitantes y garantizar mayor transparencia en el servicio público.
