Grupos civiles y defensores de derechos en Puerto Vallarta exigen medidas inmediatas tras revelarse que se compartió sin consentimiento información médica y personal sensible de personas que viven con VIH. Los datos, presuntamente proporcionados por la directora de la agencia municipal COMUSIDA, fueron entregados a una universidad privada para una encuesta académica —supuestamente anónima— sin que las personas afectadas lo supieran ni lo autorizaran.
La filtración salió a la luz cuando una persona beneficiaria de COMUSIDA fue contactada por una estudiante universitaria para responder una encuesta. Esa persona nunca autorizó la difusión de su estatus serológico ni de otros datos personales. Al indagar, la estudiante declaró que recibió la información directamente de Leticia Enedina López Moreno, directora de COMUSIDA, quien le había dado permiso para aplicar el cuestionario, arguyendo falta de personal en la agencia.
Varias organizaciones locales —Círculo Rojo, PrEP Vallarta, IncluY y MOVii— han denunciado públicamente la divulgación. Señalan que el acuerdo con la universidad privada no legitima la entrega de diagnósticos médicos confidenciales sin consentimiento informado, aunque se haya afirmado que la encuesta era anónima. Subrayan que no existe justificación válida para revelar esa información.
Defensores de la privacidad advierten que la filtración vulnera múltiples protecciones legales. La divulgación no autorizada infringe disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley General de Salud y tratados internacionales que resguardan la privacidad y dignidad de las personas con VIH.
Las organizaciones firmantes presentaron una lista de exigencias inmediatas para contener el daño, evitar que se repita y sancionar a los responsables. Piden: una investigación administrativa urgente; la cancelación de todos los convenios entre COMUSIDA y la universidad involucrada; la destitución de los responsables, en particular de la directora Leticia Enedina López Moreno; la creación y aplicación de protocolos estrictos de protección de datos; y reparaciones simbólicas para las personas afectadas.
“El consentimiento informado no es opcional”, enfatizaron las organizaciones, y añadieron que la privacidad es clave para la seguridad y dignidad de grupos históricamente vulnerables, como las personas con VIH.
La revelación también encendió alarmas sobre el manejo de datos confidenciales en programas de salud municipales y las salvaguardas —o la falta de ellas— en asociaciones con terceros. Líderes de la sociedad civil advierten que la confianza en los servicios públicos de salud se erosiona rápidamente cuando ocurren filtraciones de este tipo, y que esto puede disuadir a personas de hacerse pruebas, seguir tratamientos o acceder a servicios preventivos.
Hasta el reporte más reciente del 31 de julio de 2025, no hay claridad sobre si el gobierno municipal o COMUSIDA han dado una respuesta pública, iniciado la investigación solicitada o tomado medidas correctivas. La presión de las organizaciones pone en evidencia la urgencia de una acción visible antes de que el daño a la confianza comunitaria y a derechos fundamentales se profundice.
Riesgos legales y de derechos humanos
Compartir sin autorización información sobre el estado serológico de una persona no solo tiene implicaciones legales, sino también consecuencias sociales profundas. La revelación no consentida puede generar estigmatización, discriminación y daño psicológico. Los marcos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la salud y a la privacidad; las organizaciones involucradas los citan junto con la legislación nacional para enmarcar el incidente como una violación de derechos, no como una mera falla administrativa.
Qué sigue
Los grupos afectados están a la espera de una respuesta formal de COMUSIDA y del gobierno municipal. Sus demandas trazan una hoja de ruta clara: investigación, ruptura de canales no autorizados de datos, rendición de cuentas institucional y protocolos preventivos. Queda por verse si esas exigencias se traducirán en cambios de política o en sanciones concretas.
