El gobierno municipal de Benito Juárez ordenó el cierre inmediato del desarrollo inmobiliario Cataluña, ubicado sobre la carretera federal Cancún–Mérida, tras descubrir que operaba sin los permisos y autorizaciones exigidos por la normativa de urbanismo y comercialización de vivienda. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta de la Peña, informó en sus redes sociales que esta subdivisión ofrecía lotes residenciales sin contar con licencias municipales ni estatales, poniendo en riesgo el patrimonio de los compradores.
Elementos de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— acudieron al sitio para imponer los sellos oficiales de clausura. Las pancartas de prohibición quedaron visibles en todos los accesos para impedir la continuación de ventas o promociones. Según el acta de auditoría, los promotores de Cataluña anunciaban la inversión a través de redes sociales, pese a carecer de autorización de uso de suelo, división de terrenos y los permisos de construcción que marcan los reglamentos de desarrollo urbano.
La alcaldesa Peralta de la Peña enfatizó que su administración no permitirá proyectos ilegales que atenten contra los ahorros de las familias. “Actuamos de manera inmediata para proteger a los inversionistas y reforzar los estándares de planeación urbana de Cancún”, declaró. Además, advirtió a otros desarrolladores que solo recibirán apoyo aquellos proyectos que cumplan con todos los requisitos legales.
Con el hashtag “permisos bienes raíces Cancún”, usuarios en redes compartieron fotografías de los sellos de clausura y cuestionaron la responsabilidad de los agentes inmobiliarios implicados. Quienes ya adquirieron un lote en Cataluña podrán acudir al ayuntamiento para obtener información sobre trámites de reembolso o asesoría jurídica. La comuna pondrá a disposición un expediente digital con copia de la documentación revisada y las resoluciones del cierre.
Para facilitar la verificación de la legalidad de futuros desarrollos, el ayuntamiento habilitó el número de WhatsApp 998 205 1579. A través de ese canal, los interesados pueden solicitar constancias de permiso, presentar denuncias o aclarar dudas sobre otros proyectos. Esta medida busca atajar de raíz los esquemas de promoción ilícita y consolidar un crecimiento ordenado del municipio.
Este cierre se suma a una serie de inspecciones iniciadas a inicios de año en varios fraccionamientos alrededor de Cancún. Las autoridades detectaron falta de autorizaciones ambientales y descuidos en la infraestructura de servicios. De acuerdo con el plan municipal de desarrollo urbano, ninguna obra puede avanzar sin la aprobación de la Dirección de Urbanismo y Vivienda.
Expertos inmobiliarios locales aplaudieron la decisión, pues aseguran que limpiar el mercado de proyectos irregulares aumenta la confianza de compradores y financistas. “Cuando los desarrolladores respetan las normas, el sector crece de forma sostenible”, explicó Marta López, presidenta de la Asociación de Bienes Raíces de Cancún. “Este ejemplo demuestra que las reglas existen para proteger a todos los actores”.
El turismo y la inversión siguen siendo pilares de la economía de Benito Juárez. Sin embargo, el crecimiento desordenado puede generar sobrecarga de servicios, impactos al medio ambiente y controversias legales que afecten la imagen de la ciudad. Con la clausura de Cataluña, la administración municipal refuerza su compromiso de ofrecer un entorno seguro y transparente para residentes y visitantes.
