Baja California Sur ocupa hoy un primer lugar preocupante: es el estado que más basura genera por persona en todo México. Mientras el promedio nacional ronda los 990 gramos diarios, cada sudcaliforniano produce en promedio 1.5 kilogramos de residuos al día.
Este dato alarmante ha encendido las alarmas en el Congreso local, donde se aprobó un exhorto para intensificar la aplicación de la Ley Desplastifícate, que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso como bolsas, popotes y contenedores de unicel.
El Congreso de Baja California Sur, durante una sesión de la XVII Legislatura, llamó a los cinco municipios —La Paz, Los Cabos, Comondú, Mulegé y Loreto— a llevar a cabo jornadas de inspección en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, mercados, restaurantes y otros comercios para verificar el cumplimiento de esta ley ambiental.
El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, presidente de la Comisión de Ecología y principal impulsor del exhorto, señaló que la situación requiere una respuesta inmediata.
“Es preocupante que seamos el estado que más basura genera en el país. Por eso la reflexión no es menor, y ningún esfuerzo es pequeño. No minimicemos las palabras, y mucho menos las acciones”, declaró.
La Ley Desplastifícate fue aprobada el 15 de agosto de 2018 mediante el decreto que adicionó el artículo 77 Bis a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado. Esta legislación prohíbe la venta, entrega o regalo de bolsas plásticas y envases de poliestireno expandido, así como de popotes en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, mercados y restaurantes.
Sin embargo, a pesar de estar vigente desde hace años, su cumplimiento ha sido irregular, y muchos negocios —especialmente pequeños comercios y vendedores informales— continúan utilizando estos materiales contaminantes.
El acuerdo legislativo también contempla la aplicación de sanciones a los establecimientos que no respeten la ley, conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
A la propuesta de Agúndez Cervantes se sumó una adición de la diputada Lupita Saldaña (PAN), que propone realizar campañas intensivas de información y concientización para dar a conocer a la ciudadanía y a los comercios las obligaciones y consecuencias legales derivadas del incumplimiento.
“La educación ambiental es clave. Necesitamos que tanto negocios como ciudadanía entiendan el problema y actúen en consecuencia”, expresó Saldaña.
Además, la diputada Teresita Valentín propuso exhortar al Poder Ejecutivo estatal a emitir una nueva norma técnica ecológica ambiental, construida con la participación ciudadana y en la que intervengan cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.
Colectivos ambientales han celebrado esta decisión, recordando que Baja California Sur alberga algunos de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país, que están en riesgo por la acumulación de residuos sólidos.
“Tenemos paraísos naturales, pero nos estamos ahogando en nuestra propia basura. Esta ley debe aplicarse con firmeza”, comentó Ana Luisa Vela, representante de la asociación ambiental Costa Viva.
Las sanciones para quienes infrinjan la ley pueden incluir desde multas económicas hasta la clausura temporal de negocios, dependiendo de la gravedad de la falta y su reincidencia. La norma aplica tanto a personas físicas como morales.
Algunos empresarios locales han expresado su respaldo a la ley, aunque señalan que se requiere acceso asequible a alternativas ecológicas. Otros exigen que la aplicación sea justa y uniforme, y no recaiga solo sobre negocios pequeños.
Con el nuevo enfoque del Congreso y el compromiso de los municipios, el mensaje es claro: la era del plástico de un solo uso está llegando a su fin en Baja California Sur, y el cumplimiento ya no será opcional.
