Tres oficiales de tránsito de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes lograron la suspensión condicional del proceso penal en su contra, luego de alcanzar acuerdos para reparar el daño a las víctimas y realizar aportaciones a organizaciones civiles. Las resoluciones fueron aprobadas en audiencias separadas celebradas en los juzgados de Puerto Vallarta.
En el primer caso, las oficiales Ángeles Margarita “N” y Natalia “N”, adscritas a la Dirección de Tránsito de Puerto Vallarta, acordaron el pago de 44,000 pesos como compensación. De esa cantidad, 28,000 pesos se destinarán a tres personas que presentaron la denuncia, mientras que los 16,000 pesos restantes serán donados a una asociación civil local.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando ambas oficiales detuvieron a un conductor en las calles de Puerto Vallarta. Según la denuncia, exigieron dinero a cambio de no aplicar una infracción. Tras la negativa del conductor, otro agente intervino y se reportaron agresiones físicas contra los ocupantes del vehículo. Días después, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Como parte de las condiciones impuestas por el juez, las oficiales no podrán acercarse a las víctimas, deberán mantener su domicilio actual y tomar un curso de derechos humanos y ética. Si cumplen con todos los requisitos, el proceso penal será sobreseído definitivamente.
En una segunda audiencia, el oficial de tránsito Brayan David “N”, del municipio de Cabo Corrientes, también obtuvo la suspensión condicional del proceso tras ser acusado en 2024 por abuso de autoridad. La acusación se originó luego de que ordenara de forma indebida el traslado de dos vehículos tras un accidente.
En su caso, el acuerdo establece una donación de 8,000 pesos a una organización enfocada en el bienestar infantil, además de la obligación de tomar capacitación relacionada con sus funciones como servidor público. También se le impuso la prohibición de tener contacto con las víctimas.
La suspensión condicional del proceso es una figura legal contemplada en el sistema penal mexicano que permite a personas acusadas de ciertos delitos no violentos evitar el juicio, siempre que reparen el daño y cumplan con condiciones específicas. En estos casos, la medida busca resarcir a las víctimas y fomentar la reintegración de los servidores públicos bajo nuevas pautas de conducta.
Estos acuerdos también reflejan el papel activo de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco en la atención de denuncias por abuso de poder y conductas indebidas dentro de las corporaciones de seguridad pública.
