La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó esta semana que en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, se llevaron a cabo ejecuciones ordenadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sitio era utilizado como centro de reclutamiento y entrenamiento, pero también como campo de castigo para quienes desobedecían órdenes, según el comunicado.
El rancho, localizado en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, fue identificado desde septiembre de 2024. Sin embargo, las autoridades mexicanas no aseguraron el lugar adecuadamente, lo que generó críticas por parte de colectivos de búsqueda y familiares de víctimas.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó por su cuenta al rancho y encontró cientos de prendas de ropa, mochilas, calzado y restos óseos. A pesar de estas evidencias, la Fiscalía del Estado —que inicialmente tomó el caso— negó que hubiera restos humanos en el lugar, una versión que hoy queda desmentida por el informe del gobierno estadounidense.
“La reciente identificación de un campamento de reclutamiento del CJNG, conocido como Rancho Izaguirre—presuntamente utilizado para ejecutar a reclutas que desobedecían órdenes—revela la brutalidad de los métodos del cártel,” indicó OFAC en su declaración oficial.
El informe también señaló a Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo,” como el operador del rancho. Mendoza es considerado un alto mando del CJNG, responsable de estrategias de reclutamiento y de múltiples asesinatos de agentes de seguridad pública en México.
El documento detalla que “en marzo de 2025 se descubrió en Teuchitlán, Jalisco, un campamento de reclutamiento del CJNG conocido como Rancho Izaguirre, donde se hallaron cientos de prendas, mochilas, calzado y restos óseos. Mendoza presuntamente dirigía el rancho, ordenando la formación de nuevos reclutas y la ejecución de quienes desobedecían órdenes.”
Mendoza Gaytán también fue identificado como líder de una célula élite del CJNG conocida como Grupo Criminal de Élite de Reacción Inmediata, o Geddri por sus siglas. Su existencia y operaciones fueron reveladas a través de documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, que accedió a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Geddri ha sido vinculado con actos de alto impacto en varios municipios de Jalisco y Michoacán. Su presencia se ha documentado en zonas como Talpa, Atenguillo, Mascota y San Sebastián del Oeste en la Sierra Occidental, así como en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes en la Región Costa Norte.
Un sobreviviente de Rancho Izaguirre confirmó al diario MURAL que reconoció el logo de la célula en los uniformes de los presentes: “Sí, es el logo que usaban. Lo tenían en la camisa, del lado izquierdo. Es la marca de un ‘comandante,’” relató el testigo.
La actividad del grupo se volvió más visible a finales de 2023. El 6 de diciembre, cinco presuntos integrantes de Geddri fueron detenidos por elementos del Ejército en el municipio de Cuquío. Se les acusa de la desaparición de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, ocurrida el 11 de agosto de ese año.
Según los documentos hackeados por Guacamaya, el brazo armado fue enviado a la región de Los Altos para contener el avance de grupos rivales asociados al Cártel de Sinaloa.
En Michoacán, medios locales han documentado desde octubre de 2019 el hallazgo de cuerpos y mensajes firmados por Geddri, lo que confirma su participación en una campaña de violencia sostenida en ese estado.
Las nuevas revelaciones de OFAC ejercen presión sobre las autoridades mexicanas, quienes ahora enfrentan críticas por el manejo opaco y negligente del caso desde el inicio. La negativa inicial a reconocer restos humanos y la tardanza en asegurar el sitio han generado indignación entre los colectivos de búsqueda y las familias de desaparecidos.
Con la confirmación de ejecuciones en el Rancho Izaguirre, se expone no solo la brutalidad del CJNG, sino también la falta de respuesta efectiva por parte del Estado. El caso podría marcar un punto de inflexión en la investigación de sitios similares utilizados por el crimen organizado, y renovar los llamados por justicia para las víctimas de desaparición forzada en México.
