Alrededor de uno de cada tres policías en Baja California no cumple con los requisitos para ejercer sus funciones, de acuerdo con una declaración pública del secretario de Seguridad Ciudadana del estado, el general Laureano Carrillo Rodríguez.
Durante una presentación reciente sobre el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad, el general Carrillo reconoció que el 30% de los policías estatales y municipales—aproximadamente 2,442 de un total de 8,139 elementos activos—reprobaron los exámenes de control y confianza, lo que los califica como no aptos para formar parte de las corporaciones de seguridad.
“Estamos hablando de un porcentaje alto; es una situación que estamos atendiendo directamente con los secretarios municipales de Seguridad Ciudadana para evitar que esto siga ocurriendo,” expresó Carrillo durante su presentación.
Playas de Rosarito, el caso más grave
El problema se extiende a varios municipios, pero la situación más alarmante se presenta en Playas de Rosarito, donde el 50% de los agentes preventivos fueron considerados no aptos tras los exámenes. “Es una situación extraordinaria,” reconoció Carrillo, subrayando la urgencia de implementar cambios estructurales.
Mexicali bajo la lupa
Mexicali también está en el centro del debate, no solo por el número de agentes reprobados, sino por cuestionamientos sobre la transparencia en su liderazgo policial.
El actual director de la Policía Municipal, el teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez, no ha presentado los exámenes de control y confianza, a pesar de las múltiples solicitudes por parte de sectores sociales y regidores del ayuntamiento.
Leyzaola, una figura polémica en el ámbito de la seguridad en México por su enfoque militarizado y por señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos en cargos anteriores en Tijuana y Ciudad Juárez, enfrenta ahora la presión de rendir cuentas como cualquier otro elemento de la corporación.
“Es una cuestión de liderazgo y credibilidad,” dijo un funcionario municipal que pidió anonimato. “¿Cómo se puede exigir a los policías que aprueben estos exámenes si su jefe no lo ha hecho?”
Un problema estructural
Los datos presentados por el general Carrillo reflejan una crisis de fondo en las instituciones policiales del estado, en un contexto donde la violencia, el crimen organizado y la desconfianza ciudadana siguen siendo desafíos constantes.
Los exámenes de control y confianza son herramientas clave del gobierno federal para evaluar la integridad, estabilidad emocional y honestidad de los policías. Reprobarlos no implica necesariamente la separación inmediata del cargo; en muchos casos, los agentes continúan activos mientras se revisa su situación, una práctica que ha sido duramente criticada por expertos en seguridad.
Carrillo aseguró que el gobierno estatal está colaborando con los municipios para enfrentar este problema, aunque no ofreció fechas concretas sobre cuándo podrían cesar los agentes no aptos o qué sanciones podrían aplicarse a los mandos que incumplen con los requisitos.
Falta voluntad política
Lo ocurrido en Baja California no es un caso aislado. Muchos municipios en México enfrentan dificultades para aplicar los controles de confianza de manera eficaz, en parte por limitaciones presupuestales y por la falta de voluntad política para depurar a fondo las corporaciones.
En lugares como Mexicali y Playas de Rosarito, donde los niveles de inseguridad son motivo constante de preocupación entre los ciudadanos, el llamado a la acción es urgente. Sin resultados visibles, la desconfianza de la población hacia las fuerzas del orden seguirá creciendo.
Mientras tanto, persiste una pregunta incómoda: ¿por qué altos mandos como Julián Leyzaola parecen estar exentos de las reglas que se exigen al resto de la corporación?
